La noche del 15 de noviembre de 1989 se reunieron en el Estado Mayor, los militares de la Tandona, con el Presidente de El Salvador, y decidieron detener la ofensiva guerrillera usando todos los medios a su alcance.
Esto incluyo la persecución, el aniquilamiento o desaparición de todas las personas que ellos consideraban enemigos, ya sea porque no se sometían a sus designios o porque expresaban opiniones diferentes a las del Estado o del Presidente de la Republica.
En ese grupo incluyeron a los Padres Jesuitas, quienes dirigían la Universidad Centroamericana UCA, y tenían una opinión crítica sobre la gestión del Presidente Cristiani, recientemente electo, porque había prometido dialogar con la guerrilla para terminar la guerra civil que había en el pais desde 1980.
Así fue como el 15 de noviembre, los militares incursionaron a la UCA y asesinaron a los jesuitas y dos empleadas que estaban ese día en el lugar. Eran 5 jesuitas españoles y un salvadoreño. Inicialmente el gobierno le echo la culpa a la guerrilla. Pero algunos congresistas de Estados Unidos nunca creyeron sobre todo sabiendo que la UCA estuvo siempre vigilada por la Fuerza Armada.
La Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa en 1993, impidió posteriormente hacer justicia. Y los tribunales salvadoreños siempre se mostraron incompetentes para manejar este y otro casos de masacres parecidas.
Fue así como hace 5 años se inició en España, a solicitud de los familiares de los jesuitas españoles, un juicio contra los militares salvadoreños involucrados en este repugnante hecho.
España solicitó a El Salvador la extradicion de los militares pero la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, en lugar de extraditado, decidió protegerlos, y los tuvo durante varias semanas en un cuartel con toda la protección necesaria para impedir que fueran enviados a juicio a España.
Sin embargo el juicio siguió desarrollándose en España. Y el Coronel Montano, que fue capturado en Estados Unidos fue extraditado y fue así como llegó como imputado al juicio que se desarrollaba en España.
Durante varias semanas más se entendió el juicio hasta finalizar en esta segunda semana de septiembre del año 2020. El resultado fue la condena al imputado Montano a 133 años de cárcel.
Es importante destacar que es la primera condena a un responsable intelectual de esta masacre. Lo mismo recaeria a los demás participantes de esta masacre que por ahora siguen siendo protegidos por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Esto incluye al ex presidente Cristiani, quien avaló la masacre y nunca hizo nada por detenerla.
Con esto puede afirmarse que la justicia tarda pero no olvida. Se hace justicia a las víctimas que han sufrido por esto durante muchos años sin encontrar un lugar donde aliviar su dolor. A pesar de todo, hay un lugar en la Tierra donde se hace justicia.
Esperemos que en el futuro pueda aplicarse justicia a los demás, no solo de este caso sino de todos los casos donde sigue ardiendo el dolor por los desaparecidos y asesinados en el marco de aquella guerra que se lanzó contra los pobres y desposeidos que se atrevieron a alzar su voz contra la injusticia de aquella dictadura que acabó con la vida de más de 100 mil personas que luchaban por su vida, por su libertad y por su dignidad.
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